=Señalan falta de sanciones a ese tipo de servidores pese a quejas formales
=Empresa denuncia adeudo millonario en el Instituto Nacional de Perinatología
Redacción La República
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, no debe limitar su actuación a la sanción de empresas proveedoras del gobierno, sino ampliar sus investigaciones hacia las conductas irregulares de funcionarios públicos que afectan directamente a los proveedores de servicios que son fuentes de empleo para miles de trabajadores, advirtió Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y las Empresas Familiares (ConComercioPequeño) y representante de la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANBEL).
El dirigente empresarial señaló que, hace unas semanas, la SABG difundió en comunicados oficiales sanciones impuestas a empresas por errores u omisiones administrativas; sin embargo, no existe información pública reciente equivalente sobre sanciones a funcionarios públicos, aun cuando se han presentado quejas formales por actos de prepotencia, negligencia o presuntas irregularidades.
Como ejemplo, López Becerra expuso el caso del Convenio Modificatorio número 099-5320-07/2024, firmado hace casi un año entre el Instituto Nacional de Perinatología (INPER), dirigido por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, y la empresa Aseo Privado Institucional, S.A. de C.V., del que se documenta un adeudo por 6 millones 326 mil pesos.
De acuerdo con lo señalado por Nayeli Madrid, la empresa Aseo Privado Institucional prestó el servicio de limpieza durante todo 2024 y posteriormente, fue invitada a extender sus servicios durante el primer trimestre de 2025 mediante un convenio temporal.
Los pagos correspondientes al mes de enero y a la primera quincena de febrero se realizaron con normalidad; no obstante, los pagos de la segunda quincena de febrero y de marzo quedaron pendientes, cuando lamentablemente falleció la entonces administradora del contrato, pese a que los trabajos fueron ejecutados conforme al convenio.
Fue hasta el mes de octubre, y tras la intervención de la ANBEL, cuando el funcionario que fue designado responsable del contrato por parte del INPER, Luis Antonio Fonseca Rodríguez, notificó por escrito que según él, se había reducido el presupuesto del servicio y que la empresa lo había aceptado sin que aportara una notificación por escrito de ello y habiendo realizando el servicio sin reducir el número de trabajadores y cantidad de suministros requeridos.
López Becerra señaló que se intentó mediar para que este adeudo fuera liquidado antes de que concluyera el año; sin embargo, el INPER cerró toda posibilidad de negociación y optó por publicar un comunicado en el que afirmó no haber “recibido un requerimiento formal de pago por parte del representante legal de la empresa”, esto, pese a que la institución conoce plenamente la existencia del adeudo y su monto, y a que resulta insostenible argumentar que una notificación de ese tipo sea un requisito indispensable para cumplir con una obligación.
Por su parte, tanto los representantes de la empresa Nayeli Madrid, como el abogado Fernando Lorenzo sostuvieron que las acciones del personal del INPER deben ser investigadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a su regreso del periodo vacacional, ya que han generado un daño patrimonial y financiero significativo.
Finalmente detalló que la empresa contaba con esos recursos para cubrir compromisos y adeudos de fin de año, por lo que se vio obligada a recurrir a préstamos que hoy ponen en riesgo su estabilidad financiera.
