=Lamentan personas especiales que el presidente Andrés López Obrador, no abordara el tema, durante su V Informe de Gobierno
Por Isabel Rojas Meléndez
A cinco años de que este gobierno asumió el compromiso de contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas y los servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad para las personas con discapacidad, los jóvenes y sus familias siguen enfrentando barreras en el acceso, permanencia, aprendizaje y egreso de la educación básica y media superior.
Este V Informe de Gobierno, presentado el pasado viernes, contó mal durante cuatro años y ahora corrige la plana y recula datos y números que había estado presentando desde su primer informe de labores, en relación con la educación media superior en el sistema no escolarizado.
En los últimos cinco informes de gobierno, se presentaron cifras en relación con el bachillerato no escolarizado y el número de centros operantes y matrícula de estudiantes, datos consistentes que dejaron de serlo en este 2023.
2019: 27 mil 878 estudiantes (sin datos del número de centros educativos)
2020: 30 mil 514 estudiantes, ubicados en 291 planteles federales
2021: 32 mil estudiantes, ubicados en 290 planteles federales
2022: 34 mil estudiantes, ubicados en 287 planteles federales
2023: 13 mil 800 estudiantes, ubicados en 264 planteles públicos.
A quienes el gobierno ha colocado durante su gestión como “grupos de atención prioritaria” que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, en este V Informe de Gobierno solo les dedicó dos párrafos y la razón es simple: no había mucho que decir, ningún logro que destacar y sí datos que corregir.
El informe dado a conocer por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu), contabiliza otras cifras en cuanto al número de planteles activos y la matrícula de estudiantes con discapacidad en el país a nivel medio superior en lo que se refiere al sistema de bachillerato no escolarizado, concretamente los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).
El reporte de Mejoradu, “Discapacidad y derecho a la educación en México”, se basa en datos de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), que por primera vez, través de su Sistema de Estadísticas Continuas Formato 911, revela de manera clara y detallada datos sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad en México.
Para empezar y solo para darnos cuenta de la dimensión de la precariedad educativa, el informe revela que no existen criterios claros sobre cómo se determina que una alumna o un alumno presentan alguna discapacidad, lo que deriva en datos inconsistentes; además, no todas las escuelas están preparadas ni tienen las condiciones necesarias para otorgar un servicio educativo adecuado a las necesidades que puedan presentar las personas con discapacidad.
De los 77 mil 213 estudiantes con discapacidad, 61 mil 775 están inscritos en las modalidades escolarizada y mixta, 15 mil 438 en la no escolarizada, a esta última corresponden los CAED, con 8 mil 600 alumnos, lo que representan el 11.1% de la matrícula total de jóvenes con esta característica.
Detalla Mejoradu que en el ciclo escolar 2019-2020 existían en el país 268 CAED, que atendieron a 8 mil 600 estudiantes con discapacidad (no 291 planteles ni 30 mil estudiantes, como se estableció en el II, Informe de Gobierno).
La educación es una de las prioridades para el desarrollo nacional y la transformación de México, si tomamos en cuenta que muchas de las decisiones en la política pública se llevan a cabo con base en levantamiento de datos, censos y estadísticas, el gobierno debería de empezar por manejar datos reales y consistentes, explicar y detallar porqué de ser 34 mil estudiantes la matrícula en 2022, ubicados en 287 planteles federales, en este año solo contabilizó a 13 mil 800 estudiantes, ubicados en 264 planteles. ¿Deserción? ¿El desmantelamiento silencioso de la oferta pública educativa? ¿Sustituir el Sistema Educativo Nacional con nuevos programas que tengan el sello de la 4T?
Tan lejos del objetivo de un modelo de educación capaz de garantizar la inclusión real y el ejercicio de este derecho humano fundamental en condiciones de equidad y justicia y tan cerca de condenar a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad a la precariedad e indiferencia perpetua.
